España volvió a ser noticia ayer en el mundo por un hecho luctuoso: el accidente aéreo ocurrido en el aeropuerto de Barajas al estrellarse un aparato de la compañía Spanair. Más de 150 personas murieron. La tragedia es un mazazo para un país que había logrado evitar este tipo de catástrofes durante los últimos 25 años. Salvo el accidente hace 10 años de un chárter camino de Melilla en el que perdieron la vida 38 personas, los antecedentes más graves son los dos siniestros que se produjeron también en Barajas en un plazo de 10 días a finales de 1983, con un total de 274 muertos, y el del aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, en marzo de 1977, en el que perecieron 583 personas.

Son cifras que sugieren la enorme desproporción que en materia de aviación civil puede llegar a existir entre un error humano o problema técnico desencadenante de la catástrofe y la magnitud de ésta. Porque si la estadística muestra que esa forma de transporte de masas es la más segura, también revela que es aquella en la que, cuando se produce un accidente, las víctimas suelen ser más numerosas que los supervivientes. Ello significa que las medidas de control y seguridad deben estar a la altura de esos efectos desproporcionadamente altos. Y que, una vez producido el accidente, deben investigarse sus causas de forma exhaustiva: no sólo la inmediata, generalmente fácil de identificar con ayuda de la caja negra, sino las circunstancias que hayan podido contribuir a la catástrofe.

De la de ayer poca información oficial hubo. Se sabe que un motor comenzó a arder en el momento del despegue, pero también que el vuelo salió con una hora de retraso por un problema técnico. Sin ceder a la tentación, tan humana, de buscar culpables de inmediato, sí es obligado realizar una investigación profunda (y facilitar una pronta información) sobre los motivos de esa maniobra fallida y qué se hizo para descartar una avería que habría impedido repetirla. La investigación y la información son un derecho de las víctimas pero también una exigencia de sentido común, y más en un país cuya primera industria es el turismo.

Como en el 11-M, los servicios de emergencia, rápidamente movilizados, funcionaron con eficacia. Los principales líderes políticos interrumpieron sus vacaciones. Es de lamentar que desde instancias oficiales no se ofreciera más información, la poca o mucha que hubiera, sobre lo sucedido. En la conferencia de prensa que varios ministros dieron en Barajas con el alcalde de Madrid y un consejero regional no se permitieron preguntas y el juez de guardia encargado del siniestro prohibió la distribución de fotos del mismo, para sorpresa de los medios de comunicación de todo el mundo. La falta de información conduce a la confusión, como pudo verse cuando varias cadenas de televisión extranjeras especularon sobre la posibilidad de un atentado terrorista, algo que el Gobierno se vio obligado a desmentir.

El País